26.11.2007
Comunicado de PIRATA ante las intenciones liberticidas del gobierno frances
Nos hacemos eco del comunicado oficial de PIRATA para no repetir sobre lo mismo.———
Lo reconocemos: Nicolás Sarkozy tiene en sí un bullicio que hace que permanezcamos en un continuo estado de asombro; lo mismo acude al Chad al rescate de unas mujeres en apuros -desde PIRATA agradecemos la gestión del Gobierno frances con los españoles allí retenidos aunque ¿acaso no podría haberla llevado a cabo su ministro de Exteriores Bernard Kouchner? claro que de haber ido Kouchner no hubiera podido salir él en la foto; y ¿por qué se llevo a las mujeres azafatas y dejó en tierra al hombre auxiliar de vuelo? ¿un hombre no lucía igual de bien en la foto?-, que quiere imponer tasas a los camiones no franceses que circulen por las grandes vías francesas -en palabras suyas, “no hay ninguna razón para que Francia reciba todos los camiones que evitan las carreteras de nuestros vecinos”-, o quiere acabar con la independencia política del Banco Central Europeo.
Su última ocurrencia nos llena de pavor, dado que es un calco del artículo 17bis que aterró a los internautas españoles hace tan sólo 6 meses: facultar a las entidades de gestión de derechos de autor, a través de un órgano competente, a instar a las operadoras de telecomunicaciones cortar la conexión a Internet a los usuarios que realicen descargas ilegales.
Al menos, a diferencia de aquí en España, voces críticas han surgido en el propio partido de Sarkozy (UMP), donde según informa el diario Le Liberation, Marc le Fur y Alain Suguenot “deploran y condenan” la creación de esa “autoridad publica que tendrá competencia para imponer sanciones a los internautas que hagan descargas” y rechazan “esta auténtica medida de excepción”; realmente nos cuesta una barbaridad imaginarnos a una fiel Lourdes Muñoz Santamaría diciendo algo parecido respecto a la LISI o al ¿enterrado? artículo 17bis -sobre todo viendo entradas suyas en su blog personal tales como Zapatero no nos has fallado (ante todo, objetividad)-. Entendemos que no cargue una diputada contra su propio partido -ya que lo normal es que expresen sus críticas en el fuero interno- aunque, ¿qué menos que, como mínimo, no incurrir en semejante proselitismo sin pies ni cabeza?
Resulta irrelevante la eficacia futura de semejante medida -que como anuncian algunos expertos, puede quedar reducida a la mínima expresión con el uso de medidas de protección de la privacidad existentes para los usuarios de redes P2P-; lo relevante es que siquiera se tome en consideración dar tal poder censor a las entidades de gestión sin la supervisión judicial. Claro que, si nos atenemos a la Constitución Francesa de 1958:
“El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los Derechos del Hombre y a los principios de la soberanía nacional que quedan definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el preámbulo de la Constitución de 1946, así como aquellos derechos y deberes definidos en la Charte de l’environment de 2004”
Así que los franceses -a diferencia de los españoles y su disposición constitucional del artículo 20.5 CE que dice que “sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”- únicamente pueden acogerse a un texto de hace 220 años que dice escuetamente en su artículo XI que “la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es un derecho de los mas preciados del hombre: todo ciudadano puede por tanto hablar, escribir e imprimir libremente, excepto para responder ante el abuso de esta libertad, en los casos que la ley determine” -vemos cómo las garantías procesales que la Constitución Española brillan por su ausencia en la francesa (de modo que si como en este caso, el Gobierno francés decide que no existan, no existen, sin que haya una Carta Magna que se lo impida)-.
¿Se admiten apuestas? Apostamos a que en España, o bien el artículo 17bis nunca se fue de la mesa del Ministerio de Industria -sino que, como el propio ministerio dijo, era asunto para una ley aparte- y volverá a colación a partir de abril de 2008; o bien el Gobierno esperará a que más países miembros de la UE sigan el ejemplo de Nicolás I el Intrépido -de modo que, con el precedente de varios países, se promueva en Bruselas una Directiva Comunitaria (como la 2001/29/CE, que forzó la reforma de la LPI, de obligado cumplimiento) que haga del atroz 17bis una realidad en España-. Sea como sea, es difícil imaginar peor antecedente que el francés y sólo nos queda expresar desde PIRATA nuestro más firme rechazo a una iniciativa tan disparatada, con el fin de que la clase política francesa recapacite y haga cambiar de opinión a Nicolás I antes de que sea demasiado tarde.
Desde el PPI -plataforma internacional de partidos piratas- trabajaremos para promover esa concienciación en la clase política francesa, por el bien de los franceses y, de paso -como algo, creednos, no tan remoto-, por el bien de los españoles y del resto de ciudadanos de la Unión Europea. Un cordial saludo.
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Sin duda nos encontramos ante uno de los atentados más pavorosos a la libertad que hayamos conocido en la era de Internet.
